El expresidente Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles no se quedó de brazos cruzados. Este miércoles 30 de setiembre de 2026 presentó una querella contra la exministra de Comunicación Patricia Rocío Navarro Molina.
La acusa del presunto delito de captación indebida de manifestaciones verbales, el mismo que castiga el artículo 198 del Código Penal: grabar a alguien sin su consentimiento.
Según el documento, el expediente quedó registrado en la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José con el número 23-000759-619-PE.
Chaves no se detuvo ahí. También interpuso una acción civil resarcitoria contra Navarro y contra La Nación Sociedad Anónima, para pedir una indemnización económica por los daños que asegura haber sufrido.
Y aquí viene el detalle que desarma cualquier narrativa de venganza: adelantó que, si llega a recibir esa indemnización, la va a donar completa a las Obras del Espíritu Santo del Padre Sergio.
Este pleito no nace de la nada. Navarro fue nombrada ministra de Comunicación por el propio Chaves el 8 de mayo de 2022.
Según la querella, apenas arrancó en el puesto empezó a grabar reuniones de trabajo con el mandatario y otros jerarcas, algo que ella misma ha admitido públicamente.
Esas grabaciones, conocidas como «los audios de Presidencia,» terminaron publicadas por La Nación y desataron una batalla legal que ya lleva casi tres años.
Chaves siempre fue claro en su postura: para él, Navarro es una «criminal confesa» por violar la intimidad de esas conversaciones de trabajo.
Navarro, por su parte, ha salido en los medios a quejarse de una supuesta persecución económica en su contra, asegurando incluso que perdió su casa por culpa del expresidente.
Pero no es la primera vez que le cuestionan los motivos. El comunicador Antonio Fernández, un excolaborador suyo, la señaló de integrarse al movimiento «Escudo Democrático» y de armar, presuntamente, una especie de comando antichavista alineado con el excandidato del PLN, Álvaro Ramos.
Según Fernández, hasta el director de Radio Zurquí habría recibido $2.000 mensuales por esos servicios, mientras Navarro predicaba ética periodística de boca para afuera.
Chaves, en cambio, optó por el camino institucional: llevar el caso a los tribunales, y dejar por escrito que de esto no busca sacar ni un colón para su bolsillo.
