El Poder Judicial tiene una semana de contrastes.
Por un lado, salió a presumir cifras de productividad. Por otro, le tocó recibir un recordatorio de Hacienda: las cuentas públicas no son un feudo aparte, también deben rendir cuentas.

Este lunes 28 de setiembre de 2026, la Dirección de Planificación presentó el informe 1092-PLA-2026.
Ahí reportó que, entre 2021 y 2025, la productividad judicial subió un 26,92%.
Esa mejora, según el propio Poder Judicial, significa que 144.774 personas usuarias más recibieron respuesta a sus demandas o denuncias en los últimos cinco años.
Un día después, el martes 29 de setiembre, llegó el oficio que puso a la institución a ponerse las pilas.

El Ministerio de Hacienda le envió el oficio MH-DVME-OF-0288-2026. Ahí le ordena abrir dos cuentas bancarias comerciales y trasladar a la Tesorería Nacional los intereses generados por los depósitos judiciales.
La orden se ampara en la Ley 10.495, la de Manejo Eficiente de la Liquidez del Sector Público, y en el Decreto Ejecutivo 45.208-H.
Esa normativa, impulsada para meter orden en las finanzas públicas, busca que todas las cuentas del Estado queden bajo un mismo sistema de tesorería, sin excepciones ni cajitas aparte.
El Poder Judicial salió casi de inmediato a explicar que esos depósitos no le pertenecen, que son de las personas usuarias en procesos de pensiones alimentarias, herencias, expropiaciones y cobros judiciales.
Nadie está discutiendo eso. Lo que exige Hacienda es simplemente que esas cuentas queden registradas y sean transparentes dentro del sistema público, como corresponde a cualquier institución del Estado.
El Poder Judicial asegura que ya venía coordinando esa incorporación con la Tesorería Nacional, con un cronograma propio.
Pero la orden llegó igual, con un plazo de cinco días hábiles para empezar el traslado. Y eso, viniendo justo después de la autoexaltación por la productividad, deja una lectura clara: no basta con decir que se es eficiente, también hay que demostrar transparencia con cada colón que pasa por las manos del Poder Judicial.