Las universidades públicas no lograron ponerse de acuerdo con el Gobierno sobre cuánta plata van a recibir en el 2027. Así que la decisión final ya no está en sus manos.
El rector de la UCR, Carlos Araya, confirmó este lunes 28 de setiembre de 2026 que en el CONARE sí lograron un acuerdo, pero solo para repartirse la plata entre ellas mismas bajo las mismas reglas del 2026. El monto total, el «cuánto», sigue sin definirse.
Todo esto viene de una pelea que arrancó en abril de este año, cuando todavía gobernaba Rodrigo Chaves, pero ya con Laura Fernández como presidenta electa respaldando esa misma línea. Le exigieron a las universidades redistribuir fondos, quitándole peso a la UCR y a la UNA para dárselo a instituciones más pequeñas. Los rectores se plantaron y no quisieron ceder ni un cinco de esa torta.
Las universidades, por su parte, pedían un aumento de casi ¢30.000 millones para el presupuesto del 2027. Desde el Gobierno les ofrecieron cero, alegando que ese incremento era, en sus propias palabras, «irracional y abusivo» en medio de las limitaciones fiscales del país.
Ninguno cedió, y la negociación se rompió en abril. Desde entonces, el tema quedó en manos del artículo 85 de la Constitución Política, que dice que si no hay acuerdo en la Comisión de Enlace, quien decide es la Asamblea Legislativa.
Y ahí está la parte que más debería preocupar a los rectores: la nueva Asamblea, que asumió el primero de mayo de este año, tiene una mayoría aplastante de Pueblo Soberano, con 31 de las 57 curules. Esa misma fracción también domina la Comisión de Hacendarios, con 6 de los 11 puestos.
Es decir, las universidades pasaron de sentarse a negociar con el Gobierno de la presidenta Laura Fernández a tener que convencer a un Congreso donde manda, precisamente, el oficialismo.
Carlos Araya trató de ponerle paños tibios al asunto. Dijo que el diálogo en el CONARE fue «respetuoso, franco y responsable», y prometió seguir defendiendo «con responsabilidad y firmeza» el financiamiento de las universidades públicas.
Lo que no dijo es que esa firmeza ahora tendrá que ejercerla frente a los mismos diputados que respaldan la postura del Gobierno de doña Laura de frenarle la mano al gasto universitario.
