El magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya García, denunció que la presidenta Laura Fernández dejó vencer el plazo constitucional de 10 días hábiles sin responder a una solicitud formal donde le pedía las pruebas que respaldan una de sus frases más polémicas de las últimas semanas: que el crimen organizado y el narcotráfico se están metiendo «hasta en los tuétanos» del Poder Judicial.
De dónde viene la frase
La afirmación no es nueva. Fernández la pronunció en una conferencia de prensa el 1 de julio, cuando aseguró que el narcotráfico «se está filtrando» en el Poder Judicial y mencionó, como ejemplo, la deportación de Celso Gamboa. En esa misma conferencia relató que, en una reunión en su despacho, los magistrados Orlando Aguirre y Patricia Solano le habrían restado importancia al tema argumentando que la institución cuenta con una «política de compliance», comentario que la mandataria calificó con ironía.
La frase generó una reacción inmediata de la Corte Plena, que en un pronunciamiento unánime rechazó categóricamente el señalamiento y le pidió a la presidenta presentar las denuncias correspondientes si contaba con información concreta sobre hechos irregulares. Los magistrados defendieron la labor de los más de 13.800 funcionarios judiciales del país y aseguraron que los casos puntuales de actuaciones irregulares ya habían sido investigados y sancionados por la propia institución.
La carta del magistrado
En medio de ese round, Araya García decidió actuar por su cuenta, no como magistrado sino como ciudadano. El 28 de julio le envió una carta a Fernández invocando el artículo 27 de la Constitución Política, que garantiza el derecho de petición y la obligación de cualquier funcionario público de dar una pronta resolución a ese tipo de gestiones. En el documento, le solicitó de forma directa las pruebas que respaldan su declaración sobre la infiltración del narco en el Poder Judicial.
El plazo de 10 días hábiles que otorga la Constitución para responder venció, y la respuesta de Presidencia fue el silencio. Araya no se quedó callado ante eso: acusó a la mandataria de ofender, con su falta de respuesta, a las cerca de 14.000 familias que dependen de funcionarios judiciales que —dijo— trabajan con honor y rectitud por el país. Fue más allá al plantearle directamente a Fernández cómo quiere que la recuerde la historia.
Vale la pena anotar que, en su reclamo, el magistrado no hace referencia al caso de Celso Gamboa, el exmagistrado de la Sala Tercera que Fernández mencionó como ejemplo al hacer su señalamiento original y que fue extraditado a Estados Unidos en marzo de este año por presunto narcotráfico.
Un round que viene de antes
Este no es el primer cruce entre Araya y el Ejecutivo. Días después de las declaraciones originales de Fernández, el diputado oficialista José Miguel Villalobos había señalado públicamente al magistrado, acusándolo de dedicarse a atacar con «voz grandilocuente» a la presidenta. El propio Araya, por su parte, ya había cuestionado antes las críticas de Fernández contra el Poder Judicial, señalando que la mandataria «sigue un guion» en sus declaraciones contra la institución.
