Mientras el Gobierno valora quitarle la exoneración del IVA a la canasta básica tributaria —pasando la tarifa del 1% actual al 13%—, un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA) pone números sobre la mesa: la medida sería altamente regresiva y golpearía con mucha más fuerza a las familias pobres y trabajadoras que a las de mayores ingresos.
El análisis, elaborado por el economista Leiner Vargas, calcula que un hogar del primer decil —el más pobre— terminaría pagando, en proporción a su ingreso, hasta 14 veces más que uno del decil más rico. Vargas fue directo: se trata de «un paquete de nuevos impuestos altamente regresivo» que «afecta proporcionalmente mucho más a las familias pobres y trabajadoras que a los ricos». Según explicó, aplicar esta reforma sin una compensación adecuada para las familias llevaría a un aumento calculado de más de 1.5 puntos porcentuales en el coeficiente de Gini, el indicador que mide la desigualdad, convirtiendo un sistema tributario hoy progresivo en uno regresivo.
¿Cuánto pagaría de más cada familia?
Según el estudio, un hogar del primer quintil (el 20% más pobre) gasta cerca de un 44% de sus ingresos en productos de la canasta básica, así que el golpe no es menor: perdería el equivalente a un mes completo de capacidad de compra de alimentos al año. Para el segundo quintil, el riesgo es distinto pero igual de serio: podría empujar a hogares vulnerables por debajo de la línea de pobreza.
En números concretos, Vargas explicó que las familias que consumen alrededor de ₡120.000 mensuales en productos de la canasta tributaria pagarían entre ₡18.000 y ₡30.000 adicionales cada mes solo por este impuesto. Para la clase media, el golpe anual rondaría los ₡150.000, es decir, la mitad de un aguinaldo destinada a pagar el nuevo tributo.
En el otro extremo, el quinto quintil —el más adinerado, con un ingreso promedio mensual de más de ₡2.6 millones— destina apenas un 10% de sus ingresos a esos mismos productos, por lo que el impacto proporcional es mucho menor.
El «IVA personalizado» no convence
El Gobierno ha planteado la posibilidad de devolver el impuesto a los hogares de menores ingresos mediante un mecanismo de «IVA personalizado». Pero el estudio advierte que la solución no es tan simple. Vargas fue tajante: «no solo el primer decil tendría que ser compensado» — según sus cálculos, cerca del 60% de la población costarricense, los primeros seis deciles, tendría que recibir algún tipo de devolución para no salir perjudicada.
El problema, señala el economista, es que los registros sociales del país, como el Sinirube, tienen brechas de cobertura importantes, sobre todo en zonas rurales, entre la población migrante y en el sector informal, que afecta a unas 800.000 personas en Costa Rica. La experiencia de otros países de la región —incluido el caso de Uruguay con su propio IVA personalizado— muestra errores de exclusión de entre 20% y 40% en el quintil más pobre, lo que sugiere que Costa Rica no estaría exenta de ese mismo problema.
Vargas fue enfático: si el Gobierno usara solo la lista de pobres existente —que cubre apenas la mitad del primer quintil real— el impuesto terminaría golpeando con fuerza a la clase media baja y a la clase media, mientras que lo recaudado se iría, en buena parte, en el propio mecanismo de devolución. Con una expresión muy costarricense, resumió el resultado: «se nos va lo comido por lo servido» — es decir, no habría un efecto significativo en ingresos adicionales para el Estado, pero sí «un efecto muy perverso [en] la distribución del ingreso».
La alternativa que propone el estudio
La conclusión de Vargas es clara: «la reforma fiscal propuesta no debería de aprobarse de la forma planteada por el gobierno». Como alternativa, plantea que podría ser preferible subir el impuesto de ventas de forma general antes que concentrar el golpe en la canasta básica, dado el peso que esta tiene en los hogares de menores ingresos.
El estudio también propone cinco medidas si el Gobierno decide avanzar de todas formas: auditar de forma independiente los registros de los quintiles más pobres, crear un mecanismo de devolución automático y mensual, aplicar la tarifa de forma gradual y reversible según indicadores de pobreza, explorar alternativas como una tarifa general más baja con una base más amplia, y evaluar de forma independiente los resultados una vez implementada la medida.
Cabe recordar que subir el IVA a la canasta básica fue una de las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en mayo pasado, como parte de sus consultas con Costa Rica sobre sostenibilidad fiscal. El Gobierno, sin embargo, todavía no ha presentado una propuesta formal al respecto.
