Un nuevo informe de Amnistía Internacional volvió a poner a El Salvador en el centro del debate internacional. La organización denunció que, desde el inicio del régimen de excepción en 2022, al menos 470 personas han muerto bajo custodia estatal y más de 90.000 han sido detenidas arbitrariamente, hechos que, según sostiene, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, la publicación también provocó una fuerte reacción entre quienes respaldan la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele. En redes sociales y distintos sectores afines al Gobierno surgieron cuestionamientos contra Amnistía Internacional, al considerar que ahora denuncia las condiciones de los detenidos, pero guardó silencio cuando las pandillas mantenían atemorizada a la población salvadoreña y miles de ciudadanos eran víctimas de asesinatos, extorsiones y desplazamientos.
El informe, titulado Seguridad sin derechos, afirma que muchas de las personas fallecidas ni siquiera habían sido condenadas y denuncia presuntos casos de tortura, desapariciones forzadas, negligencia médica y falta de investigaciones sobre las muertes ocurridas en prisión.
Las críticas contra la organización se centran en el momento en que decidió publicar el reporte. Para sus detractores, Amnistía Internacional muestra una mayor preocupación por los derechos de quienes fueron encarcelados durante el régimen de excepción que por las víctimas que, durante años, vivieron bajo el control de las pandillas.
El régimen de excepción impulsado por Bukele ha sido ampliamente respaldado dentro de El Salvador tras reducir drásticamente los homicidios y debilitar el poder de estructuras como la MS-13 y Barrio 18, aunque organismos internacionales de derechos humanos continúan cuestionando el costo que esa estrategia ha tenido sobre las garantías individuales y el debido proceso.
