- El diputado del Frente Amplio Edgardo Araya fue uno de los rostros más visibles de la oposición a Crucitas. Hoy impulsa acciones judiciales contra un proyecto en Papagayo, mientras empresarios advierten que la incertidumbre ya está frenando inversiones, permisos y miles de empleos.
En noviembre del 2010, Costa Rica celebró la sentencia que anuló el proyecto minero Crucitas. 16 años después, aquel triunfo para ciertos grupos ambientalistas de izquierda ha representado el dolor de cabeza más grande para el país.
Miseria, daño ambiental incalculable y un saqueo diario del oro ha sido el resultado de ese manotazo judicial.
Uno de los protagonistas de aquella batalla fue el abogado Edgardo Araya, representante de Unovida y una de las figuras más visibles del movimiento que se opuso al desarrollo minero en Cutris de San Carlos.
Hoy, convertido en diputado del Frente Amplio, valga decir, por segunda vez, Araya vuelve a figurar en otro conflicto ambiental de alto perfil.
Hace unos meses, presentó un recurso de amparo para solicitar la suspensión de la tala de 748 árboles en playa Panamá, dentro del proyecto Bahía Papagayo, mientras la Sala Constitucional mantiene en estudio una acción de inconstitucionalidad contra parte del marco normativo que regula el Polo Turístico Golfo de Papagayo.
Pero detrás de la discusión jurídica sobre esos árboles se desarrolla un debate mucho mayor.
Un modelo construido hace más de medio siglo
El Polo Turístico Golfo de Papagayo no nació alrededor de hoteles o condominios. Primero nació la planificación.
Su desarrollo comenzó hace más de cinco décadas bajo un modelo especial diseñado por el Estado costarricense para combinar inversión turística con protección ambiental.
Ese marco jurídico estableció reglas que hoy siguen vigentes: un máximo de 20 habitaciones por hectárea, un límite del 30% de cobertura constructiva, la obligación de conservar el 70% del terreno, restricciones de altura para integrar las edificaciones al paisaje y plantas de tratamiento de aguas residuales en cada desarrollo, entre otras disposiciones.
Quienes conocen el modelo sostienen que pocas zonas del país cuentan con regulaciones ambientales tan estrictas.
Cuando la incertidumbre paraliza
La preocupación del sector no se limita al contenido de los procesos judiciales. Ese miedo que ha inyectado la izquierda, experta en desestabilizar a través de influencers pagados con maletín, pasa factura.
Según una fuente conocedora del desarrollo del Polo Turístico, el mayor problema es el efecto que la incertidumbre jurídica estaría generando en las instituciones públicas.
Aunque la propia Sala Constitucional ha aclarado el alcance de las medidas adoptadas, la reacción de varias entidades ha sido detener permisos y trámites relacionados con distintos proyectos dentro de Papagayo, incluso aquellos que no forman parte directa de las acciones planteadas.
En otras palabras, el efecto práctico sería una paralización de nuevas inversiones mientras no exista certeza jurídica.
Más de US$700 millones en juego
Las cifras ilustran la dimensión del problema.
Según estimaciones del sector, actualmente existen más de US$700 millones en inversiones que ya se encuentran afectadas por este escenario de incertidumbre jurídica. A largo plazo, el desarrollo completo del Polo Turístico representa alrededor de US$3.000 millones en inversión.
Actualmente, Papagayo genera entre 4.500 y 5.000 empleos directos y alrededor de 14.000 indirectos mediante encadenamientos con agricultores, transportistas, proveedores y pequeños negocios de la región.
La proyección es alcanzar unos 10.000 empleos directos y cerca de 30.000 indirectos cuando el desarrollo esté concluido.
Dos visiones de país
Quienes impulsan las acciones judiciales sostienen que la prioridad debe ser la protección ambiental y cuestionan decisiones relacionadas con la tala de árboles y el marco regulatorio del proyecto.
Por el contrario, desarrolladores y empresarios advierten que la incertidumbre ya está golpeando la confianza de inversionistas nacionales e internacionales y retrasando proyectos que consideran fundamentales para el empleo y el crecimiento económico de Guanacaste.
La sombra de Crucitas
La historia todavía no ha terminado.
Será la Sala Constitucional la que resuelva las acciones actualmente en trámite y determine el alcance definitivo del marco jurídico que regula Papagayo.
Sin embargo, para quienes impulsan el desarrollo turístico existe una preocupación que va más allá del resultado judicial.
Temen que Costa Rica vuelva a recorrer un camino conocido: años de litigios, proyectos detenidos, inversiones en suspenso y una incertidumbre que termine alejando oportunidades de empleo y desarrollo para una de las regiones con mayor potencial turístico del país.
