La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) criticó que el gobierno cambiara el contrato de monitoreo electrónico mediante tobilleras y se lo adjudicara de taquito al consorcio formado por Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa) y la brasileña Synergye Tecnología Da Informaçao S. A.
Según la ESPH, el nuevo proveedor emplearía una tecnología que el Ministerio de Justicia y Paz ya usó y descartó, porque era fácil que los reos la dañaran. La institución precisó que durante seis meses se registraron 523 casos de daños a las tobilleras, es decir, 87 casos por mes.
Johan Montero, director de Ibux, expresó: “Nos preocupa como institución y como proveedores actuales del sistema electrónico que un proyecto tan importante y sensible para la seguridad ciudadana presente un retroceso tan grave al volver a utilizar una solución que hace tres años fue descartada por el propio Ministerio de Justicia precisamente por las múltiples fallas”.
Ibux es la firma tecnológica de la ESPH y actualmente brinda el servicio de monitoreo. Montero reaccionó sorprendido, pues alegó que es la primera vez que Justicia adjudica “una tecnología de este tipo sin realizar una prueba de concepto como sí lo hizo en el pasado”.
Contrato de urgencia
El 8 de marzo del 2023 vencerá el actual contrato entre el Ministerio de Justicia y Paz y la ESPH. Para mantener el servicio se recurrió a una contratación de urgencia con la estatal Racsa. El conflicto radica en que la ESPH cobraría $11,64 diarios por tobillera, en caso de extender el contrato, mientras que Racsa ofreció un precio de $9,60.
Justicia justificó el cambio con que se ahorraría $2,04 por cada dispositivo instalado. Este contrato regirá hasta que se confirme la licitación a Synergye, cuya oferta es de $5,99. Eso representa casi la mitad del precio de la ESPH.
La decisión final está en manos de la Contraloría General de la República. El presidente, Rodrigo Chaves, se mostró optimista con el fichaje de Racsa y expresó que la ESPH atrasa el proceso con apelaciones.
El mandatario aseguró que el contrato de extensión impedía revelar cuánto se pagaba y afirmó: “A mí nunca me verán firmar un contrato con recursos públicos que sea confidencial”.
