¡Qué Torta! confirmó, a través de una consulta al Poder Judicial, que la jueza Juliana Jiménez Alpízar le rechazó a la fiscala Criss González Ugalde la solicitud de desestimación que planteó sobre el “megacaso” de presunto fraude fiscal en el que figura el empresario Leonel Baruch, presidente del medio CRHoy y de la Corporación BCT.
Ante el interés de este medio digital de conocer las consideraciones que tuvo la funcionaria para tomar esa decisión, la oficina de prensa de dicha institución indicó que no se pueden dar a conocer pues el caso se encuentra bajo investigación.
Esto quiere decir que el expediente va devuelto con colilla al Ministerio Público, específicamente bajo los dominios de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios, que encabeza González.
Sin embargo, después del burunbún que se desató relacionado con este asunto, el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, había informado, en entrevista con ¡Qué Torta!, que su compañera le planteó inhibirse.
Esa solicitud está en análisis. Lo cierto es que Díaz manifestó que, independientemente de eso, “ya se había acordado que (González) no iba a conocer más ese asunto y que se iba a designar a otra persona que se encargara del caso”.
Llegaron a este punto hasta que se armó el escandalazo mediático, que inició con el anuncio en conferencia de prensa por parte del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el director de Tributación Directa, Mario Ramos, sobre la presentación de una denuncia contra un empresario por la supuesta evasión de impuestos por más de ¢11.000 millones.
Los jerarcas nunca nombraron a Baruch en el enredo; esa información la confirmó la Fiscalía General, quien detalló que los involucrados que aparecen en el expediente 22-000070-0621-PE son Baruch; su socio, de apellidos Barrantes Paniagua; así como las empresas Beta Matriz Costa Rica S. A., Corporación BCT y sus subsidiarias en Panamá.
El propio presidente de la República, Rodrigo Chaves, señaló que la fiscala González podría haber incurrido en un posible “conflicto de interés” por haber trabajado en el Ministerio de Hacienda, mientras Baruch fue el jerarca de esa dependencia durante la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002).
González, en su defensa, alegó que ella le daba explicaciones a su jefa de ese entonces, la directora jurídica, no al empresario, a pesar de está implícita una relación jefe-subalterna.