*Por Eric Briones Briones
Este 2020 que finaliza ha sido algo distinto al resto, tanto en el ámbito de la salud, la educación, el trabajo, en lo económico, educativo y en general a nivel mundial, dentro de todos los campos del quehacer humano.
En el ámbito laboral ha traído consecuencias diversas, desde la implementación del teletrabajo, como herramienta para mantener operaciones de manera remota, hasta la pérdida de empleos, en una cifra aproximada a los 400 millones de trabajadores a nivel mundial.
En Costa Rica, a miles de trabajadores se les ha suspendido y/o reducido jornadas de trabajo, consecuencia de la pandemia de coronavirus.
Como se infiere, en cuanto al pago del aguinaldo, habrá igualmente una disminución del rubro (con las excepciones de los trabajadores que no se han visto perjudicados en sus remuneraciones); de allí la importancia de apuntalar este instituto con el fin de desmitificar algunas creencias sobre el mismo.
En primer lugar, se debe recordar que a diferencia de lo que muchas personas creerán, el instituto del aguinaldo no se encuentra regulado dentro del Código de Trabajo (CT), ni en la Constitución Política, ya que estos datan respectivamente de los años de 1943 y 1949.
La primera ley (no. 1835, con sus reformas de los años de 1967 y 1968 e incorporado a los funcionarios protegidos por el Estatuto de Servicio Civil) llega en el mes de diciembre de 1954 -en el gobierno del presidente José Figueres Ferrer- para los servidores públicos, compuesta de cinco artículos y dos transitorios, disponiéndosele al aguinaldo como un sueldo adicional pagadero en el mes de diciembre de cada año.
Un año después se emitió la segunda ley no. 1981 (junto con sus reformas de los años 1957, 1967 y las modificaciones sufridas por los votos constitucionales nos. 3.933-1995 y 14.254-2004), destinada a los servidores de instituciones autónomas y semiautónomas estatales, junto con los municipales (“sea todas aquellas personas que figuren determinadas, individualmente o no, en los respectivos presupuestos y además los que tengan tal calidad por expresas declaraciones de los Tribunales del país”), para lo que se emitieron seis artículos que regularon lo concerniente a la obligatoriedad del pago de un salario adicional a los servidores de la clase que fueren y la forma en que desempeñaren sus labores en diciembre de cada año.
Para los trabajadores del sector privado se estableció en 1959, la última ley no. 2412, compuesta de diez artículos y cuatro transitorios, habiéndose previsto en lo que interesa que todo patrono particular (para lo cual se dejó prevista la facilitación de prestamos bancarios) está obligado a conceder a sus trabajadores un beneficio económico anual equivalente a un mes de salario –exento de las cargas sociales y tributarias– promediado con los sueldos ordinarios y extraordinarios devengados por la misma persona durante los 12 meses anteriores al 1.° de diciembre del año de que se trate y para efectuar tales cálculos no se tomarán en cuenta, en ningún caso, las sumas que se hayan percibido en concepto del mismo. Siendo su entrega, dentro de los primeros 20 días de cada diciembre.
Ahora bien, con el fin de desvulgarizar a este instituto se ha de decir que no es una regalía voluntaria patronal; por el contrario, constituye una obligación legal, que debe ser dada a toda persona trabajadora de la clase que sea e incluso con independencia de la forma en que haya desempeñado su trabajo.
El mismo no nace a partir de los tres meses de labores continuas (o sea, hasta que se cumpla el mal llamado¨período de prueba¨), por cuanto, conforme a la legislación patria, su pago es a partir del primer mes de trabajo que se genere.
Asimismo, se ha considerado erróneamente que para tener derecho al aguinaldo debe haber de por medio un contrato de trabajo por tiempo indefinido y formalmente por escrito, lo cual no es así, por cuanto, por tiempo determinado o de temporada (el cual no necesariamente se debe hacer por escrito) en un contrato de trabajo se va a generar dicho rubro, siempre y cuando se supere el mes anteriormente explicado, aún y cuando no exista contrato por escrito.
Finalmente, si un contrato de trabajo se ha visto afectado este año por la Ley de reducción de jornadas para el sector privado o ha sido suspendido temporalmente se debe calcular lo devengado desde el 1.° de diciembre del 2019 al 30 de noviembre del 2020, que se entenderá que habrá una afectación del monto a la hora de sumar los dineros percibidos durante este año.
Todo lo anterior sin perjuicio de lo que estipula el artículo 11 de la Ley no. 9832, en cuanto a permutar tiempo no laborado: ”Las personas empleadoras podrán acordar, con las personas trabajadoras, la interrupción temporal de la prestación de labores con goce de salario a sus trabajadores, durante los efectos de la declaratoria de emergencia. En tal caso, las personas trabajadoras repondrán, en el plazo máximo de un año, el tiempo no laborado que les fuera remunerado en los términos pactados”.
*Doctor en Derecho Laboral
